El Instituto Federal Electoral (IFE) plantea determinar que el Presidente Felipe Calderón violó la Constitución al enviar cartas a contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT), donde promueve logros de su Gobierno.
El proyecto de resolución que discutirá hoy miércoles el Consejo General apunta que el envío de esas misivas se hizo con recursos públicos, por lo que es propaganda personalizada, lo cual está prohibido.
“Con dichos hechos se transgredió la norma electoral, respecto de la violación al artículo 134, de la Constitución, el cual prevé la prohibición de realizar promoción personalizada de los servidores públicos, así como la obligación de los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, del Distrito Federal y sus delegaciones de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, señala el documento.
El texto, que será propuesto por la Secretaría Ejecutiva del IFE, indica que la propaganda denunciada excedió los límites constitucionales y legales, en razón de que se advierte que no se concreta a ser meramente informativa, sino que incluye elementos de propaganda personalizada.
No obstante, el IFE destaca que no resulta procedente imponer sanción alguna o dar vista, debido que el artículo 108 de la Constitución indica que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
El documento explica que en la carta, el Presidente Calderón no sólo se concreta a señalar a los ciudadanos la conveniencia de pagar impuestos, sino que difunde diversas obras logradas en su administración.
“Como ha quedado de manifiesto, se advierten elementos de propaganda gubernamental que han sido utilizados por el Gobierno Federal, lo que equivale a que se trata de un poder público promoviendo la realización de obras públicas”, puntualiza.
De acuerdo con la propuesta elaborada por la Secretaría Ejecutiva del IFE, se trata de propaganda personalizada debido a que se incluye el nombre del Presidente.
“Esas son razones suficientes para considerar que si bien es válido realizar propaganda gubernamental con recursos públicos, no lo es para provocar inequidad en las elecciones, porque estarían haciendo un uso indebido de la posición de primacía que ocupan para obtener ventajas indebidas en resultados electorales a favor o en contra de determinados partidos o candidatos”, sostiene.
Agrega que el propio SAT, en los autos del expediente, reconoce que contrató con el Servicio Postal Mexicano para que realizara el envío de las cartas a los ciudadanos, lo que implica que se utilizaron recursos públicos.
Asimismo, propone que toda vez que se ha acreditado que fue el SAT el ente público que participó en la elaboración, emisión y distribución de las misivas, dicha responsabilidad debe ser asumida por el titular de ese órgano público.
